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Defendemos el Estado de Derecho
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Incumplimiento grave, manifiesto y consciente de las resoluciones del Consejo de Transparencia: si no es prevaricación, se le parece mucho 10 Apr 9:00 PM (6 days ago)

Por «huella normativa» se entiende el conjunto de documentos y contenidos que se generan en el proceso de tramitación de las normas, especialmente en su fase prelegislativa o gubernamental. Se refiere al expediente completo de elaboración, que incluye, sin ánimo de exhaustividad, todo tipo de informes, dictámenes, memorias de impacto, intervenciones y análisis de las aportaciones en relación con los trámites de información y audiencia públicas, etcétera. La «huella normativa» y su acceso por el público son fundamentales para la rendición de cuentas, tanto ex ante (permitiendo el debate público en tiempo real) como ex post a la adopción de la norma. En su Resolución de 16 de septiembre de 2024 (762/2023. R/1036/2024), el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resolvió estimar la reclamación presentada contra el entonces Ministerio de Presidencia, Memoria Democrática y Relaciones con las Cortes (ahora Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes), ordenando remitir al solicitante la siguiente información: «Dictamen del Consejo de Estado sobre el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada (dictamen núm. 1897/2022), así como todos los documentos obrantes en el expediente de tramitación del Proyecto de Ley (MAIN, informes sobre los resultados de trámites de audiencia o información pública, otros […]

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«El templo de la concordia»: oportunidades para la abogacía del siglo XXI 9 Apr 9:00 PM (7 days ago)

La Ley 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia cuya entrada en vigor -en su mayor parte- está prevista para el día 3 de abril, introduce como medida estelar para intentar resolver el problema de la saturación de los tribunales, la necesidad de acudir -en la mayoría de los procesos- a los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (en adelante, MASC) configurando la acreditación de haber intentado un acuerdo como requisito de procedibilidad. Así las cosas, en esta España en la que durante siglos se viene configurando la justicia como un proceso de confrontación entre las partes que normalmente llegan a los tribunales con una importante dosis de malestar y creen -a nuestro juicio equivocadamente- que un tercero, juez, va a poner las cosas en su sitio, la nueva Ley, con una gran dosis de voluntarismo y una más que evidente falta de medios, consagra la obligación, como se plasma en la Exposición de Motivos, de la necesidad de pasar por el templo de la concordia  antes de ir al templo de la Justicia. Desde que ejerzo la profesión en un lejano mes de diciembre de 1987, me he encontrado con […]

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El aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la imposibilidad para acceder al derecho de justicia gratuita 8 Apr 9:00 PM (8 days ago)

Cuando se publicó la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, el canon general a considerar para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita fue el carecer de patrimonio suficiente y no percibir ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que superasen el doble del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud. En el año 2004 se crea el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) por Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, con 460,50 € mensuales (el SMI era ese año 490,80 €/mes). Se hizo como indicador o referencia del nivel de renta para determinar la cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a determinados beneficios, prestaciones o servicios públicos. Dicho módulo IPREM comenzó a ser utilizado por algunas comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia transferidas, sustituyendo al SMI como módulo de consideración para la concesión del derecho y, definitivamente, el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, modificó el artículo 3 de la Ley 1/1996, así como su disposición adicional octava, de tal manera que desde entonces todas las referencias al SMI en la Ley 1/1996 se entienden hechas […]

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Presupuestos Generales del Estado y Parlamento: una exigencia democrática 6 Apr 9:00 PM (10 days ago)

Hace unos días, el Gobierno anunciaba que no va a presentar proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025 salvo que consiga asegurar los apoyos parlamentarios necesarios para su aprobación, ante las críticas tanto de los partidos de oposición como de su propio socio de coalición. Así, se repite la situación acaecida en 2024, cuando, con la excusa de la minoría parlamentaria y, posteriormente, de la convocatoria de elecciones en Cataluña, el ejecutivo renunciaba a someter proyecto de presupuestos ante las Cortes Generales.  La cuestión tributaria y presupuestaria está en el origen del constitucionalismo. Así lo ilustra el lema de la revolución americana: «No taxation without representation». Los presupuestos están estrechamente vinculados no sólo con el principio de representatividad, sino también con la separación de poderes y con el control democrático al Gobierno. Constituyen tanto la concreción del proyecto político del Gobierno para el año siguiente como el reflejo de la confianza del Parlamento que, en el diseño constitucional español, es la base de la legitimidad del Ejecutivo.  La Constitución española es clara y taxativa: su artículo 134.3 establece la obligación del Gobierno de presentar proyecto de presupuestos al menos tres meses antes de la expiración del año anterior, es […]

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Las inmunidades del poder, por Germán M. Teruel Lozano en ‘La Verdad’ 6 Apr 4:15 AM (11 days ago)

En 1962 la Revista de Administración Pública publicaba el trabajo del maestro de juristas García de Enterría ‘La lucha contra las inmunidades del poder en el Derecho Administrativo (poderes discrecionales, poderes de gobierno, poderes normativos)’. Un trabajo que, todavía hoy, constituye un testimonio iluminante acerca de lo que el propio autor calificaba como un «atributo definitivo del sistema cultural de Occidente»: el sometimiento del poder público al Derecho, controlado por una Justicia administrativa independiente. La historia del Derecho público es, precisamente, una crónica de progresivos logros para reducir los espacios de arbitrio de quienes han ostentado en cada momento el poder político sometiéndolos al imperio de la ley y, como corolario, al control judicial. Desde los avances para acabar con las viejas inmunidades regias a sujetar al Gobierno y a la administración al Derecho administrativo, hasta llegar a un Estado constitucional donde «los ciudadanos y los poderes públicos [sin excepción] están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico», como dicta el art. 9.1 de nuestra Norma Fundamental. Aquí se sitúa el corazón del Estado de Derecho, presupuesto inescindible para la democracia. En España, debemos reconocer la labor de la Justicia contencioso-administrativa a este respecto, que ha sido incluso […]

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La ley de eficiencia procesal en el ámbito administrativo (capítulo VII) 5 Apr 9:00 PM (11 days ago)

El 3 de abril de 2025 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 3 de enero, que moderniza el sistema judicial instaurado en España y completa el paquete de reformas de la Justicia conformado por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea; y por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Esta ley trae consigo una serie de reformas dirigidas principalmente […]

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El lanzamiento de ‘jueces-sonda’, por Natalia Velilla en ‘El Confidencial’ 5 Apr 3:49 AM (12 days ago)

La difícil situación política por la que atraviesa este gobierno le está llevando a buscar vías de escape que desvíen el foco de atención de realidades como que no le salen los presupuestos, ni las leyes, ni los apoyos. Además, está rodeado de procedimientos judiciales incómodos. Sin saber si fue antes el huevo (“por culpa de los jueces tenemos un problema”) o la gallina (“tenemos un filón con el lanzamiento de ‘jueces-sonda’”), el Poder Judicial se ha convertido en el comodín semanal al que poder echar las culpas. Artículo originalmente publicado en El Confidencial (5/04/2025). Léelo completo aquí.

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La ley de eficiencia procesal en el ámbito concursal (capítulo VI) 4 Apr 9:00 PM (12 days ago)

En el ámbito concursal, la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (LO 1/2025) ha introducido modificaciones directas en varios artículos del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), afectantes a la designación y retribución del administrador concursal en el procedimiento especial de microempresas; a la retribución del administrador concursal en el procedimiento ordinario; y a la acreditación registral de las reglas especiales de liquidación; todas ellas originadas por enmiendas parlamentarias del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Pero, junto a ello, también la LO 1/2025 despliega incidencia en materia de insolvencia mercantil a través de las reformas incidentes en otras normas legales. Empezando por estas últimas, también despliega eficacia en el ámbito mercantil -y específicamente concursal- el establecimiento de los Tribunales de la Instancia que se prevé en la reformada Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y en los que habrá ocasión a implantar en su seno una Sección Mercantil donde se integrarán a fecha 31 de diciembre de 2025 nuestros conocidos juzgados mercantiles provinciales. Por su parte, el actual artículo 87.7 LOPJ viene a modificar la anterior regulación  recayente sobre la jurisdicción exclusiva y excluyente del juez del concurso […]

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La ley de eficiencia procesal en el ámbito penal (capítulo V) 3 Apr 9:00 PM (13 days ago)

Sabemos que la Ley Orgánica 1/2025 implica notables cambios organizativos, competenciales y procedimentales.  Es más, nace con la pretensión de ser el motor de una verdadera revolución en la forma de organizar el servicio público de Justicia. El eje «institucional», también es sabido, es el tribunal de instancia, un órgano colegiado con la demarcación del partido judicial. Es decir, ya no hablaremos más del Juzgado de instrucción nº 3 de Alcobendas o del 35 de Madrid, sino de los Tribunales de Instancia de Alcobendas o de Madrid…sección de instrucción, o del tribunal de instancia penal y no de los juzgados de lo penal.  Sin dejarse llevar por cierto triunfalismo que destila la Exposición de Motivos, creo que debemos también alejarnos del antirreformismo tremendista, un fenómeno muy actual en virtud del cual cada propuesta para modificar cualquier aspecto de la administración de justica es percibida como la muerte del Estado de Derecho, el fin del Poder Judicial democrático o directamente como el fin de los tiempos. La Ley contiene reformas de mucho calado. Resulta difícil valorar ahora la evolución que vayan a tomar las nuevas formas organizativas. Se puede intuir, claro, dónde puede haber problemas serios. La semana pasada representantes del […]

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La ley de eficiencia procesal en el ámbito laboral (capítulo IV) 2 Apr 9:00 PM (14 days ago)

En el ámbito laboral, la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (en adelante, LO 1/2025) desarrolla medidas de carácter organizativo, procedimental y sustantivo, y lo hace esencialmente modificando la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LJS) y el Estatuto de los Trabajadores (ET), sin perjuicio de otra serie de reformas que podrían considerarse «menores». La reforma organizativa, que es común a otros ámbitos jurisdiccionales, tal y como se ha analizado en otros posts de esta misma serie de nuestro blog, se concreta en la creación de una sección especializada de lo social en los nuevos tribunales de instancia, con sede, en principio, en la capital de cada provincia y con jurisdicción en toda ella, y que conocerá sobre las materias propias de esta jurisdicción en primera o única instancia, sin perjuicio de la muy trascendente atribución de competencias que se establece en favor de las secciones de lo mercantil respecto a las cuestiones de índole laboral cuando medie concurso de acreedores. Todo ello se cohonesta con la adecuación en la LOPJ del correspondiente ámbito de conocimiento jurisdiccional por parte de las […]

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